Honduras, paraíso de armas

Al menos 15 fusiles de guerra y 12 armas comerciales en perfecto estado yacían en un camino subterráneo de la Mara Salvatrucha (MS-13) a unos 25 kilómetros de Omoa, Cortés, donde también escondían drogas, municiones e indumentaria de uso policial.

El hallazgo se reportó en febrero de 2026, tras una operación que involucró a varias agencias de seguridad, y es el más reciente decomiso de armas en Honduras, evidenciando el poder de armamento en manos de las estructuras criminales.

Esas 27 armas se suman a los cientos de dispositivos decomisados cada año.

Según datos de la Policía Nacional, analizados por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium, un total de 37,177 armas de fuego han sido decomisadas en Honduras en los últimos ocho años (2018-2025).

Sin embargo, lo decomisado, advierten los especialistas consultados por este medio, representa un número bajo en relación a la gran cantidad de armas que circulan en Honduras, principalmente las de uso prohibido.

Para expertos en derecho penal, el problema grave es que las unidades decomisadas terminan en un almacén de la Policía, donde permanecen durante años sin someterse a auditorías periódicas ni seguir los procedimientos establecidos para su adecuada destrucción. El principal riesgo: que las armas terminen de nuevo en manos criminales.

De los registros de los últimos años, 2024 reportó un pico de dispositivos de fuego incautados, con un total de 6,926 unidades; pero en 2025 hubo un notable descenso, bajando la cifra a 3,606 armas decomisadas.

Más de la mitad del armamento decomisado corresponde a pistolas (52.7%), seguidas de revólveres (26.4%). A juicio de expertos, el elevado número obedece a que los ciudadanos portan armas sin haberlas registrado.

Sin embargo, llama la atención que una de cada diez armas decomisadas (9.8%) en Honduras son fusiles, según el análisis de este medio.

Desde una perspectiva geográfica, Olancho, Colón y Yoro destacan como los departamentos con mayor cantidad de armamento decomisado por cada 10 mil habitantes, es decir, en proporción a su población.

De los dispositivos incautados en los últimos ocho años, un total de 2,772 corresponde a armas de uso prohibido, según las estadísticas procesadas a partir de tres bases de datos, de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y el Ministerio Público, obtenidas a través de las solicitudes de información SOL-SSSS-3066, SOL-SDD-678-2026 y SOL-MP-3439-2026.

La cifra incluye, por lo tanto, las decomisadas por otras agencias, como la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y otras incautadas en operativos dirigidos por las diferentes fiscalías del Ministerio Público.

El mayor número de armas de uso prohibido corresponde a los fusiles AK-47 y AR-15, utilizados por las estructuras del crimen organizado que operan en Honduras.

Según la Policía Nacional, en los últimos ocho años se han decomisado 543 fusiles AK-47 y 321 fusiles AR-15. El resto corresponde a lanzagranadas, ametralladoras, lanzacohetes y otro tipo de explosivos.

Justamente, en el operativo de Omoa se encontraron al menos 15 fusiles de guerra. Las labores de inteligencia condujeron a fiscales y agentes a esa localidad de difícil acceso denominada Vida Nueva, situada a unos 25 kilómetros del municipio costero.

El rastreo se originó tras la fuga de varios criminales durante una megaoperación antidroga ejecutada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) el miércoles 4 de febrero, durante 17 allanamientos en distintos puntos de San Pedro Sula.

Las armas de alto poder detectadas en ese búnker de la Mara Salvatrucha en realidad fueron trasladadas en un bus, cuyos pasajeros lograron huir con la ayuda de una patrulla policial, según indicaron las autoridades; posteriormente, las llevaron a un escondite subterráneo que servía como bodega para los cabecillas de la pandilla.

Las investigaciones señalan que la MS-13, así como su histórico rival, la pandilla 18, y otras estructuras dedicadas al narcotráfico, compran fusiles de guerra de uso prohibido a guatemaltecos por medio de contactos que operan en las fronteras.

Para el director de seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, el problema de la circulación de armas en Honduras es grave: el tráfico ilegal no se detiene, siendo las fronteras el principal punto de ingreso.

Alertó que las autoridades no cumplen con el procedimiento legal con las armas decomisadas, en vista de que, luego de no haberse solicitado la devolución del arma y transcurridos los cinco años, la Policía Nacional debe proceder a su destrucción, previo también a las pericias que alargan esos procesos por la falta de mecanismos y herramientas que eficienten esos peritajes.

“Existe el riesgo de que, a partir de que esas armas empiezan a almacenarse por años, vuelvan a las manos de estructuras criminales que tienen infiltrados en esas instituciones y que empiezan a sacar o robar ese armamento y vuelven a circular”, apuntó.

Destacó que un gran porcentaje de armas decomisadas son de uso prohibido de alta peligrosidad, como el AK-47, el M16, AR-15 y Uzi, que constantemente son las que decomisan en los diferentes operativos.

Para Castañeda, es preocupante la cantidad de armas que circulan en Honduras de manera ilegal y que no están registradas oficialmente. “Ojalá el Gobierno, en esta nueva administración, pueda dar alguna solución, pues al tener ese control bajarían los índices de homicidios, que, como lo ha dado a conocer el Observatorio de la Violencia de la UNAH, la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego”.

Castañeda lamentó que en Honduras no exista una entidad especializada y permanente dedicada a la coordinación para que haya una destrucción permanente y sistemática de estas armas decomisadas.

“Aunque ya existe el decreto 101-2018 (Ley de Control de Armas de Fuego), que le asigna a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para que, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, destruyan las armas decomisadas, se encuentran con decisiones judiciales que son tardías o que nunca llegan”, explicó.

Además, indicó que la tardanza de los peritajes y los frágiles sistemas de cadena de custodia generan almacenes saturados de armas, provocando un alto riesgo de que sean sustraídas y que a nadie se le deduzcan responsabilidades.

El experto explicó que, a partir de la ley ya establecida, falta definir un protocolo que indique también las entidades encargadas de esa tarea. “El actor clave es el Consejo de Defensa y Seguridad, donde convergen las máximas autoridades de defensa, seguridad y justicia y que pueden determinar cuál será el protocolo y proceso, además del dinero que se requiere y la especialización para implementar una política de un sistema de seguridad”.

“Urge un protocolo permanente, transparente y con trazos reales de destrucción de armas decomisadas”, indicó Castañeda, a la vez que consideró que la misma sociedad puede ser observadora del proceso.

Además, cuestionó que “siendo el país más violento de Centroamérica, seguimos sin un registro balístico universal”.

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-Unah), precisó que entre 2005 y 2024 perdieron la vida en Honduras 73,600 personas por armas de fuego, lo que representó un 79.1% del total de homicidios.

Sin embargo, la Policía no llega a determinar qué tipo de arma fue usada para quitarle la vida a una persona, lamentó, a menos que el caso sea investigado y se llegue al final de un proceso judicial o que esa arma se vincule con un caso.

“Tiene que haber vedas, más controles en el tráfico ilícito de armas en aduanas y puntos ciegos, y que haya una prohibición de porte y uso de armas en lugares públicos y recreativos para poner más restricciones”, recomendó.

En el caso para controlar las armas que tiene en su poder el crimen organizado, para Ayestas la situación está más difícil porque los únicos que pueden actuar son las autoridades.