En entrevista con El Comercio, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, afirmó que el próximo gobierno recibirá una economía favorecida por el crecimiento de la inversión privada, el dinamismo exportador y los altos términos de intercambio, pero con un espacio fiscal considerablemente menor. Advirtió que el crédito suplementario y el peso del gasto corriente obligarán a modificar la trayectoria de reducción del déficit y sostuvo que la credibilidad de ese cambio dependerá de las medidas que adopte la nueva administración para ordenar las cuentas públicas.
-¿Qué panorama económico recibirá el próximo gobierno y cuáles serán sus principales desafíos desde el primer día?
Creo que recibirá una economía en mejores condiciones que las observadas durante los últimos años. La inversión privada ha venido creciendo de manera importante y la demanda interna ya está compensando los efectos que empiezan a sentirse en los sectores primarios como consecuencia del fenómeno de El Niño.
Las expectativas empresariales han mejorado y se mantienen en terreno positivo. La presión inflacionaria que observamos responde principalmente a factores transitorios y a choques de oferta que, lamentablemente, creo que se prolongarán hasta bien entrado el próximo año por el tema energético y por el fenómeno de El Niño.
A ello se suma un fuerte dinamismo de las exportaciones, tanto tradicionales como no tradicionales. En las cuentas públicas está uno de los principales desafíos. Sin embargo, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya zanjado la controversia sobre la iniciativa de gasto entre el Ejecutivo y el Congreso, además de que los precios de las materias primas siguen siendo favorables y se reflejan en términos de intercambio históricamente altos, le da un buen margen de maniobra al siguiente gobierno. En ese sentido, creo que recibirá la economía en buenas condiciones, aunque con desafíos importantes.
-El Tribunal Constitucional zanjó la controversia sobre la iniciativa de gasto. ¿Ese fallo será suficiente para contener el populismo fiscal o el próximo gobierno tendrá que adoptar medidas adicionales?
No será suficiente. Los políticos siempre tendrán el incentivo de gastar más de la cuenta y priorizar medidas populares para su electorado. Eso ocurre en todos los países.
La primera prueba de fuego será que el nuevo gobierno interponga acciones de inconstitucionalidad, aprovechando que el Tribunal Constitucional ya abrió esa posibilidad, o que presente proyectos de ley para derogar algunas de las iniciativas de gasto más costosas.
El problema es que muchas de esas medidas fueron respaldadas por la bancada que ahora será oficialista, Fuerza Popular. Tendrá que asumir el costo político de retroceder en algunos temas para recuperar el espacio fiscal que necesitará para implementar su plan de gobierno.
Castilla sostuvo que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de gasto no será suficiente y que el próximo Ejecutivo deberá adoptar medidas adicionales para ordenar las cuentas públicas.
La sentencia es positiva, pero no garantiza, por sí sola, que se saneen las cuentas públicas. Para eso será necesaria una siguiente acción por parte del nuevo Ejecutivo.
-Usted ha advertido que el crédito suplementario aprobado agrava el deterioro fiscal. ¿El próximo gobierno realmente tendrá margen para implementar su agenda económica?
Creo que ese crédito reduce muchísimo el espacio fiscal. No existe precedente de aprobar un crédito suplementario de casi S/10.000 millones cuando un gobierno está por terminar su mandato. No tiene justificación.
Además, buena parte de esos recursos se ha destinado a obras nuevas y no a proyectos que ya estaban en ejecución y requerían presupuesto para concluirse. A eso se suma una situación muy comprometida por el peso del gasto corriente, que representa aproximadamente tres cuartas partes del presupuesto no financiero del sector público.
Creo que esa situación obligará al próximo gobierno a flexibilizar las reglas fiscales. No anticipo que la ortodoxia vaya a desaparecer del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por el contrario, espero un manejo más creíble y más tecnocrático del Ejecutivo.
Sin embargo, no veo forma de que pueda cumplirse la trayectoria originalmente prevista para reducir el déficit fiscal hasta el 1% del PBI. Lo más probable es que ese objetivo se mantenga para el 2031, pero mediante una convergencia más gradual.
Castilla consideró que el próximo gobierno tendrá que flexibilizar la trayectoria de reducción del déficit fiscal, manteniendo como objetivo llegar al 1% del PBI en el 2031.
/ DIANA CHAVEZ
-Si esa flexibilización resulta inevitable, ¿qué condiciones deberá cumplir el próximo gobierno para que el mercado la considere creíble y no como un abandono de la disciplina fiscal?
Tendrá que acompañarla de acciones concretas. Entre ellas, interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes que incrementan el gasto, observar nuevas iniciativas que generen mayores obligaciones fiscales y buscar eficiencias para reducir el ritmo de crecimiento del gasto corriente, de manera que más recursos puedan destinarse a inversión pública y a proyectos desarrollados con el sector privado.
Si, además, logra generar un mayor nivel de confianza y acelerar el crecimiento económico de alrededor de 3% a tasas cercanas a 4,5% o 5% durante los próximos años, la nueva trayectoria fiscal podría resultar creíble.
También habrá que resolver otros frentes que hoy presionan las cuentas públicas, como la situación de Petro-Perú, el pago de laudos arbitrales adversos al país -ante el riesgo de embargos sobre cuentas del Estado- y los costos que implicará la reconstrucción tras el fenómeno de El Niño.
No bastará con anunciar una nueva meta fiscal. Será indispensable demostrar, con medidas concretas, que existe un compromiso real por ordenar las finanzas públicas y preservar la credibilidad del país frente a las agencias calificadoras y los agentes económicos.
-¿Cuál debería ser la prioridad económica durante los primeros meses del nuevo gobierno y qué reformas serán las más difíciles de implementar?
La prioridad inmediata será enfrentar el fenómeno de El Niño. Ese será, sin duda, el principal reto de los primeros meses.
El Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con líneas contingentes de financiamiento de organismos multilaterales y, además, el último crédito suplementario incorporó mecanismos que permitirán utilizar saldos no ejecutados de distintas entidades públicas para financiar la reconstrucción. A estas alturas ya no existe mucho espacio para prevención, porque el país está ingresando de lleno a un Niño Costero que coincide con un Niño Global.
Superada la atención de la emergencia, el siguiente paso debería ser impulsar una verdadera agenda de desregulación y simplificación administrativa. En el pasado se aprobaron numerosas normas con ese objetivo, pero muchas nunca llegaron a aplicarse. Lo importante ahora será asegurar su implementación, incluso mediante una unidad especializada que impulse esa agenda desde el propio Ejecutivo. Eso permitiría destrabar inversiones y recuperar confianza.
Hacia finales de año aparecerá otro desafío importante: definir el futuro del Reinfo y aprobar una ley para la pequeña minería y la minería artesanal. Esa será otra prueba para el nuevo gobierno, porque ya no será sostenible seguir prorrogando indefinidamente el régimen actual.
También habrá reformas más complejas, como mejorar la eficiencia del Estado, revisar el proceso de descentralización, fortalecer el sistema de justicia y avanzar hacia un mercado laboral más flexible para reducir la informalidad. Todas requerirán consensos políticos amplios, pero serán fundamentales para que el país pueda volver a crecer de manera sostenida.
Creo que a su favor tiene un equipo técnico. El reto será gobernar para todo el país y no solo para la mitad que lo respaldó. Además, se verá su capacidad para migrar de un partido que controlaba el Legislativo con bastante eficacia a uno que ahora tiene que cambiar el chip hacia el Ejecutivo. El equipo que convoque será clave y las reformas requerirán construir consensos que vayan más allá de su propia bancada y sus aliados de derecha.
-Ha señalado que muchas de las reformas dependerán de un Estado más eficiente. ¿Por dónde debería comenzar esa modernización?
Creo que un punto de partida es retomar la meritocracia a través de la Ley Servir y hacerla mucho más accesible. También será importante revisar el proceso de descentralización, porque muchas de las metas planteadas nunca llegaron a cumplirse.
Al mismo tiempo, será necesario modernizar los sistemas administrativos del Estado, desde la Ley de Presupuesto y la Ley de Contrataciones hasta Invierte.pe. El objetivo debe ser que los recursos públicos realmente se traduzcan en obras y servicios que la población perciba, especialmente en las zonas más alejadas del país.
Eso permitirá fortalecer la cohesión social y demostrar que el Estado puede responder con mayor eficacia. Pero también existe otro desafío de fondo: lograr que la economía sea mucho más formal. Para ello será indispensable eliminar barreras que hoy encarecen el crecimiento de las empresas y hacen que la formalidad resulte poco atractiva.
-¿Cuál debería ser la primera reforma concreta para reducir la informalidad sin afectar la generación de empleo?
La simplificación debería ser el primer paso. Para mí, mejorar la formalidad pasa por reducir los costos de ser formal.
En el ámbito tributario comenzaría simplificando el régimen del Impuesto a la Renta para las empresas de menor tamaño. Hoy existen cuatro regímenes distintos que, en lugar de facilitar el crecimiento empresarial, terminan fomentando que las empresas permanezcan pequeñas. Es una reforma ampliamente estudiada que debería impulsarse.
Castilla propuso simplificar el régimen del Impuesto a la Renta para las empresas de menor tamaño con el objetivo de facilitar la formalización.
Por ejemplo, no estoy convencido de que exonerar durante tres años del pago del Impuesto a la Renta a las nuevas empresas sea una medida efectiva para el caso peruano.
Además, existen sectores con enorme potencial para generar empleo formal. Uno de ellos es el turismo. Así como la Ley de Promoción Agraria estableció un régimen adaptado a las características de la agroindustria, podría evaluarse un esquema similar para el turismo, considerando que cerca del 80% de sus trabajadores son informales. Evidentemente, eso debe hacerse sin comprometer la sostenibilidad fiscal, pero sí buscando mecanismos que incentiven la formalización y el crecimiento empresarial.
-¿Qué otras medidas considera necesarias para acelerar ese proceso de formalización?
La desregulación también será fundamental. No basta con aprobar nuevas normas; hay que lograr que las existentes se cumplan. Hoy existe una enorme brecha entre lo que establece la legislación y lo que ocurre en la práctica, especialmente a nivel de los gobiernos locales.
Reducir barreras burocráticas, fortalecer mecanismos como el silencio administrativo positivo y facilitar el crecimiento de las empresas permitirá que la formalización sea una decisión más viable.
Sin embargo, el problema también pasa por la calidad de los servicios que ofrece el Estado. Hoy la ecuación para muchas empresas es simple: asumir los costos de la formalidad sin recibir beneficios equivalentes.
Por eso ambas agendas deben avanzar de manera paralela. Por un lado, simplificar las reglas para facilitar la actividad empresarial. Por otro, mejorar los servicios públicos para que pagar impuestos y cumplir las normas tenga un retorno visible.
No existen soluciones inmediatas. Se necesitará una implementación efectiva de las reformas, eliminar regulaciones redundantes y asegurar que las medidas no queden, como ha ocurrido muchas veces en los últimos años, solo en el papel.
-El nuevo gobierno ha planteado solicitar facultades legislativas. ¿En qué materias deberían concentrarse primero?
Creo que deberían enfocarse, en primer lugar, en las medidas necesarias para enfrentar el fenómeno de El Niño y facilitar la ejecución de su plan de emergencia.
El segundo eje debería ser la desregulación y la simplificación administrativa, porque reducir las trabas es indispensable para acelerar la inversión privada.
También incluiría medidas relacionadas con la formalización de la pequeña minería. El nuevo gobierno asumirá funciones a fines de julio y antes de que termine el año deberá contar con una ley para la minería artesanal y de pequeña escala. De lo contrario, volverá la presión para extender el Reinfo.
Otro frente importante será Petro-Perú. Si las medidas aprobadas mediante decretos de urgencia requieren mayor respaldo legal, podrían elevarse a rango de ley para facilitar su implementación.
Finalmente, uno de los principales problemas que enfrenta el país es la inseguridad ciudadana. Aunque no forma parte estrictamente de la agenda económica, es un tema que probablemente también deba abordarse dentro del primer paquete de facultades.
-¿Esas serán también las prioridades de los primeros 100 días?
Sí. El fenómeno de El Niño marcará el inicio del gobierno y condicionará buena parte de sus decisiones. Además, la primera ley de presupuesto probablemente tendrá que elaborarse bajo un nuevo marco fiscal si el Ejecutivo quiere implementar su programa.
Al mismo tiempo, esos primeros meses serán una oportunidad para avanzar en reformas que después resultarán mucho más difíciles de impulsar, como la modernización del Estado, la descentralización y la recuperación de cuadros técnicos en la administración pública.
No todo dependerá de nuevas leyes. Muchas mejoras pasarán por decisiones de gestión, liderazgo y capacidad para volver a atraer profesionales al Estado. Para ello también será necesario revisar el sistema de control y brindar a los funcionarios condiciones que les permitan ejercer sus funciones sin el temor permanente a procesos o investigaciones posteriores.
Esos primeros 100 días serán determinantes para sentar las bases del resto del quinquenio, aunque la atención de la emergencia por El Niño inevitablemente absorberá buena parte de los esfuerzos del gobierno.
-Mencionó a Petro-Perú como uno de los principales riesgos fiscales. ¿Qué decisión concreta debería tomar el próximo gobierno para dejar de generar esa presión sobre las cuentas públicas?
Uno de los principales problemas de Petro-Perú es que sus ingresos operativos ya no alcanzan para cubrir sus propios costos operativos. Es un problema estructural que existe incluso antes de considerar el peso del servicio de la deuda, que hoy es su mayor lastre.
Eso responde, en buena medida, a problemas de gestión. La empresa no ha tenido un manejo empresarial adecuado y mantiene una estructura de gobierno corporativo que no ha permitido introducir los cambios necesarios.
Si el informe que prepara Deloitte se publica próximamente, será el siguiente gobierno el que tenga que implementarlo. Imagino que ese documento incluirá un programa más agresivo de reducción de gastos, especialmente en planillas, además de la desinversión o venta de algunos activos y otras medidas para reducir la necesidad permanente de liquidez.
Castilla consideró que Petro-Perú debe reducir sus gastos, evaluar la venta de activos y aplicar medidas que disminuyan su necesidad permanente de liquidez.
/ CAROLINA URRA
De lo contrario, seguiremos viendo el mismo escenario de los últimos años. Creo que el próximo gobierno será más estricto y no seguirá otorgándole salvatajes a Petro-Perú, pero para eso será indispensable modificar la estructura de toma de decisiones, fortalecer la transparencia y reducir la opacidad con la que hoy se manejan sus finanzas. Solo así podrá empezar a cerrarse el forado fiscal que representa la empresa.
-¿Qué errores debería evitar el próximo ministro de Economía para no perder credibilidad durante los primeros meses de gestión?
Creo que lo primero será recuperar a los cuadros técnicos que han salido del MEF.
También deberá hacer respetar los fueros del ministerio. Si existen iniciativas que impliquen un exceso de gasto, tendrá que observarlas. Y cuando el MEF emita opiniones técnicas, estas deberán tener un peso real dentro del Ejecutivo.
Durante los últimos años hemos visto que cada ministerio ha priorizado sus propios intereses y ha faltado una conducción económica articulada. El MEF debe volver a ejercer ese rol transversal que tuvo durante muchos años y que lamentablemente fue perdiendo.
Naturalmente, mucho dependerá de quién asuma la cartera. Todo indica que será una persona con credibilidad en el mercado y con el respeto de la comunidad económica. Eso puede ayudar a recuperar la confianza.
Pero también será fundamental darle estabilidad al cargo. La alta rotación de ministros de Economía terminó debilitando la continuidad de las políticas públicas y restándole credibilidad a la conducción económica del país.
Volver a fortalecer al MEF será indispensable para dejar atrás la mediocridad en la que hemos estado durante los últimos años. Creo que existe la oportunidad de dar un golpe de timón, pero para lograrlo será necesario devolverle al ministerio el liderazgo técnico que históricamente tuvo.
